principio de obligatoriedad ejemplo

Es pertinente esta aclaración frente a la extendida doctrina por la cual se sostiene que al disponerse de una etapa del procedimiento —generalmente por la renuncia al juicio del imputado— se da espacio al principio de oportunidad8. 36°), Rol N° 1337-2009 de 20.8.2009, voto de prevención (cons. Parte General. Principio de la exclusividad v obligatoriedad de la función jurisdiccional Este principio nos indica que nadie puede irrogarse en un Estado de Derecho la función de resolver conflictos de intereses con relevancia jurídica, sea en forma privada o por acto procesal. 112-113, recogen como manifestaciones del principio de oportunidad reglada solo estos tres institutos procesales, aunque añaden como excepciones al principio de legalidad el archivo provisional (art. La conformidad en el Proceso Penal Español, 1a ed., Cedecs, Barcelona, 1998. 241 CPP), que autorizan nada más que la suspensión o abandono de la acción penal50. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal … Sobre el fundamento teórico de los principios de legalidad y oportunidad, v. Roxin, C., Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 89; Maier, J., Derecho Procesal Penal Argentino, T. I, vol. This is carried out with the aim of enabling the interested reader to properly distinguish and individualize them when examining a specific procedural system. López, J. y Horvitz, M.I., Derecho Procesal Penal Chileno, T.I, Jurídica de Chile, Santiago, 2005. 6°), y, Rol N° 1484-2009 de 5.10.2010 (cons. cit., T. I, p. 575; y, Otero L., M., "El principio de oportunidad y salidas alternativas", en Revista de Derecho Procesal, núm. II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León, Ministerio de Justicia, Madrid, 1989, pp. Pierry A., P., "El control de la discrecionalidad administrativa", en Revista Chilena de Derecho, vol. 8-11; De Diego Díez, L., La conformidad del acusado, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pp. 15 Lleva la razón entonces Ruiz V., E., "El principio de oportunidad reglada", en AAVV, La Reforma del Proceso Penal. Comentarios, Concordancias y Jurisprudencia, 2a ed., Librotecnia, Santiago, 2006, p. 189, también comprenden en el principio de legalidad a los principios de "promoción necesaria" y de "irretractabilidad". 759-760. 8. A fin de sortear distracciones, no hablaremos tampoco de "principio de necesidad", "indefectibilidad" o nulla poena sine iudicio, que ciertos tratadistas asimilan al de obligatoriedad, pues con aquellos se suele aludir a algo distinto, a saber, que "el proceso penal es obligatorio para averiguar la infracción criminal, descubrir al autor, juzgarle y, sobre todo, imponer la pena", Prieto-Castro, L. y Gutiérrez de C., E., Derecho Procesal Penal, 2a ed., Tecnos, Madrid, 1982, p. 90, o en otras palabras, para referirse a la necesidad del Estado de acudir al proceso para hacer valer el ius puniendi de que es titular. En ese orden se ha estimado que la querella o la formalización de la investigación en nuestro ordenamiento adjetivo constituyen formas de ejercicio de la acción penal por el MP o el ofendido, cfr. En la definición propuesta en el texto se incluye lo que algunos iusprocesalistas tratan como el desdoblamiento del principio examinado en "promoción necesaria" e "irrefragabilidad", así, Clariá O., J., Derecho Procesal Penal, T. I, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, pp. ; y, Welzel, H., Derecho Penal Alemán, 4a ed., Ed. Bustos, J. y Hormazábal, H., Lecciones de Derecho Penal, vol. 83 de nuestra Carta Fundamental mandata al MP el ejercicio de la acción penal pública "en la forma prevista por la ley", encargando al legislador determinar los márgenes de discrecionalidad con los que ese órgano desarrollará su labor persecutoria. Si seguimos a la doctrina autorizada, para la cual el ejercicio de la acción penal se materializa al formular acusación5, para que el MP pueda llegar a esa instancia, y allí ejercer la acción penal, se requiere previamente haber llevado a cabo una instrucción preliminar, sea o no formalizada, insoslayable para determinar que hay base plausible que confirme y afirme la comisión de un hecho punible del cual surja la acción penal y, unido a lo anterior, para que dicho ejercicio tenga alguna expectativa de éxito y el principio de obligatoriedad no revista un mero carácter simbólico. Con la acción se activa el proceso penal. Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur.Se constituye en un Estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista con dos cámaras legislativas. 2a ed., Bosch, Barcelona, 1989, pp. XX, 1999, p. 426, es precisamente en ese sentido fuerte que debe tratarse el problema de la discrecionalidad del MP. 24 y ss. Examen JNJ: Veintiún preguntas sobre derecho constitucional. Principio de Obligatoriedad y Principio de Determinación de la Obligación Tributaria por el Sujeto Pasivo. 19 N° 3 incs. volume_up more_vert. Universidad de Concepción, 2000, pp. Sentencia del Tribunal Constitucional que Declaró Inaplicable el Artículo 230 del Código Procesal Penal", en Revista de Derecho, Universidad Austral, vol. De ahí que comprendamos en este estudio como ejercicio -o no ejercicio más bien-discrecional de la acción penal, aquellas situaciones en las que la ley no ha autorizado expresamente al MP a abandonar, suspender o degradar la persecución penal a base de criterios de oportunidad o conveniencia, pero sin embargo, de hacerlo, no se ha otorgado el andamiaje jurídico al órgano jurisdiccional para su enmienda. cit., pp. 9-38. [VÍDEO] Examen Profa: 20 preguntas (con sus respuestas) sobre ordenamiento jurídico…, Clase en vivo por Zoom sobre los procesos constitucionales en materia…, Relación y diferencias entre el PAD y PAS, Bienes propios de un cónyuge pueden responder por obligaciones personales del…, Cinco tipos de responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores…, Presentación del libro «El derecho a la prueba en la investigación…, Código Civil peruano [realmente actualizado 2022], Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas (Ley 31589)…, Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) [actualizada 2022], Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867) [actualizada 2022], Revisa las convocatorias para selección y nombramiento de jueces y fiscales…, Requieren 10 egresados o bachilleres para el área de derecho penal…, Tribunal Constitucional lanza convocatoria con sueldo de 10 000 soles, Sunedu lanza convocatorias con sueldos de hasta 19 800 soles, Defensoría del Pueblo lanza convocatoria CAS con sueldo de 7000 soles, [VÍDEO] ¿Un perito médico puede determinar si hubo lesiones leves o…, ¿Por qué Aníbal Torres renunció a la Presidencia del Consejo de…, [VÍDEO] La función de distinguir el daño del perjuicio y el…, Elvia Barrios: «El trabajo presencial es del juez, pero el juez…, Zoom: Clase en vivo sobre nulidad manifiesta y proceso de desalojo. 513-545. Como afirma Jiménez de Asúa: "de la ley surge la pretensión punitiva del Estado a reprimir los actos catalogados en su texto como delitos, con la pena conminada, y por eso la ley es, a la vez, fuente y medida del derecho de penar"19, o en las palabras de Maier, el principio de legalidad significa que "ante la afirmación hipotética de un conflicto social generado por la inobservancia a una norma penal, el acontecimiento real sucedido y la ley penal sean los únicos parámetros posibles de solución para el caso, razón la cual es preciso inquirir la verdad de aquello que ha sucedido, limitadamente a los elementos importantes para la solución del caso, según la ley penal, y decidir el problema únicamente por aplicación de la ley penal, de la pena estatal, en su caso"20. Rev., vol. Mera, J., "Comentario de Jorge Mera", en AAVV, El Ministerio Público para una nueva justicia criminal, Fundación Paz Ciudadana, Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago, 1994, pp. Aguilera, ob. 8 Vgr. 1 Tales reparos se han presentado principalmente a raíz de la imposibilidad de la víctima-querellante de ejercer la acción penal mediante la acusación particular si previamente el MP ha omitido formalizar cargos contra el imputado-querellado. Por obligatoriedad de la acción penal entendemos el deber del MP de iniciar, sostener y perseverar en la persecución penal de todo delito del cual tome conocimiento, sin que pueda suspenderla, interrumpirla o hacerla cesar a su discreción. Universidad Católica de Chile, 2008. 61-97. Cea E., J.L., Derecho Constitucional Chileno, T. I, 2a ed., Ed. Así entendido, engloba y significa tantas y tan diversas cosas, que, en realidad, no significa nada claro y seguro". Con ese propósito practicarán todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación y dirigirán la actuación de la policía (...)" (la cursiva es nuestra). están detalladamente definidos por la norma que las confiere. EL FUNDAMENTO DE LA OBLIGATORIEDAD DEL CONTRATO. Para este autor, íbidem p. 167, el poder de disposición que compone el poder judicial no es producto de una concesión legal expresa —consecuente con su acérrima oposición a la oportunidad—, sino siempre el resultado de "carencias o imperfecciones del sistema y como tal es patológico y está en contraste con la naturaleza de la jurisdicción". Piedrabuena, Jurisprudencia, ob. 9. Parte General, T.I., 1a ed., Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001, p. 34, incluye en un alcance amplio del principio de legalidad a la garantía de legalidad propiamente tal, la garantía de jurisdicción, y la garantía de ejecución. Acostumbra, por ejemplo, engarzarse el estudio del principio de oportunidad a la delincuencia bagatelaria o de nimiedad (minima no curat praetor) —ámbito en el cual no se agota nuestra investigación—, por todos, v. Armenta, ob. cit., pp. El ordenamiento constitucional nacional no acoge el principio de obligatoriedad de la acción penal ni prohíbe o excluye el de discrecionalidad en su ejercicio. La nueva justicia penal frente a la Constitución, LexisNexis, Santiago, 2006, p. 206. 38 N° 2, 2011, p. 326. Principios de obligatoriedad y discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal, Principles of mandatory and discretionary prosecution, * Abogado, Magíster en Derecho Penal, Profesor de Derecho Penal de la U. Católica Silva Henríquez, Santiago de Chile. El mismo, en Estudios de Derecho procesal penal, Comares, Granada, 1995, pp. Derecho Penal. 4.obligatoriedad Estas políticas son de obligatorio y estricto cumplimiento por parte de todos los empleados de Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S. Section IV gives a brief but panoramic look at the Chilean criminal system regarding the real and empirical validity of both concepts. Por: Níkolas Stolpkin. Montero, J., Gómez, J., Ortells, M. y Montón R., A., Derecho Jurisdiccional, Proceso Penal, III, Bosch, Barcelona, 1991. Continúan apuntando que "la inadecuación de la noción de derecho subjetivo es aún más patente si se acepta que la potestad punitiva radica en los Tribunales. Andrés I., P., "Por un Ministerio Público 'dentro de la legalidad'", en Nueva Doctrina Penal, 1998/B, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1998. La investigación y la acusación formuladas en virtud del principio de obligatoriedad, están enlazadas a la legalidad sustantiva porque la delimitación del hecho que constituirá el objeto del juicio solo puede realizarse teniendo como referencia lo que la ley sustantiva establece como delito -y circunstancias modificativas-, atendido el carácter fragmentario del derecho penal, debiendo en consecuencia requerirse la sanción anunciada previamente por el legislador para ese hecho delictivo y no otro. Es uno de los cuatro principios fundamentales, junto con la imparcialidad, la confidencialidad y la neutralidad. Aguilera, E., El "principio de consenso". 30, núm. y el mismo en "El Ministerio Fiscal entre 'viejo' y 'nuevo' proceso", en Revista de Ciencias Penales, N° especial Ministerio Público, 1990-1993, p. 76, n. 106; Hassemer, ob. El jurado puede entonces obstaculizar en el caso concreto la aplicación de la ley penal vigente, lo que es conocido como jury nullification, mediante un veredicto que además no podrá ser objeto de recursos u otros medios de revisión. cit., p. 15, del principio en comento, que parte de su contraposición al de obligatoriedad de la acción penal, por tanto, si este último significa que el órgano de la acusación está obligado a ejercitar la acción por todo hecho que revista caracteres de delito conforme a la ley, el de oportunidad debe referirse a cualquier excepción a esta obligación. “Artículo 1361º.-. Asesor Legal Empresarial, Copyright © 2022 Centro Jurídico Internacional. Experiencias de derecho comparado, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1997, pp. Parte General (Acorde al Nuevo Código Penal de 1995), Cedecs, Barcelona, 1996, p. 31, explican que "el principio de legalidad, para satisfacer la reivindicación que pretendía lograr había de actuar en diversos frentes. No hace falta gastar muchas palabras en este punto, pues no es un asunto doctrinal controvertido, aun cuando los estudios de la cátedra no suelan ser lo suficientemente explícitos sobre este aspecto en sus definiciones6. Parte General, I. Ambas, discrecionalidad y obligatoriedad, tienen un mismo campo de acción, esto es, las facultades y límites de los poderes públicos, ya que vienen siempre referidos al Fiscal y/o al Juez, así como a las funciones que uno y otro desempeñan en el proceso penal. Berzosa, ob. 112-136. En el otro extremo de la mesa, "la discrecionalidad técnica o interpretativa" presupone una operación de valoración de hechos e interpretación de normas en virtud de la cual se decide si se está técnicamente en condiciones de ejercer la acción penal y cuál es el modo más adecuado de hacerlo41. El principio de la obligatoriedad. cit., p. 22. ), Problemas actuales de la Justicia Penal, Bosch, Barcelona, 2001, p. 16; Armenta D., T., Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad: Alemania y España, PPU, Barcelona, 1991, p. 185; Dworkin, R., Los derechos en serio, 4 reimp., Ariel, Barcelona, 1999, pp. Bustos, J., Derecho Penal. se encuentra en el principio de obligatoriedad contractual. III. 45 Esta perspectiva dinámica de la discrecionalidad no atiende solo al modo en que el legislador configura las potestades administrativas (concepción estática de la legalidad que procede directamente de M. Hariou), sino que hace depender la autonomía de la decisión administrativa de lo que resuelvan los Tribunales al enjuiciarla, Muñoz M., ob. 19 Jiménez de Asúa, L., Principios de Derecho Penal. Con el principio de obligatoriedad el MP se somete exclusivamente a la ley penal, tanto a la procesal que regula sus competencias y potestades en la persecución y en el proceso como a la sustantiva que debe observar al hacer sus postulaciones, mientras que con el principio de discrecionalidad el MP está sometido exclusivamente a la ley que regula sus competencias y potestades, pero estas mismas normas lo autorizan para sustraerse con mayor o menor amplitud, y mayor o menor control judicial, a la ley penal sustantiva al momento de promover la acción penal, e incorporar criterios de oportunidad en su dictamen. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. 285-295, al analizar la compatibilidad de la oportunidad con el principio de legalidad contemplado en el art. cit., pp. 33 Usamos este término en la siguiente acepción: "facultad que la ley deja a los jueces o autoridades para la apreciación de circunstancias o para la moderación de sus decisiones", y no en aquella equivalente a "voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho", Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 22a ed., 2001. 23-24. Pero cumplidos dichos supuestos y condiciones —regularmente bajo supervisión judicial— siempre debe residir en el Fiscal la elección discrecional del abandono o promoción de la persecución penal —por ende, sin revisión judicial de mérito—, pues de no conservar estas opciones —y aquí queremos romper con un lugar común en la doctrina nacional— no se puede ya hablar de oportunidad o discrecionalidad política, sino simplemente de una discrecionalidad técnica -que luego comentaremos-, la que no quebranta el principio de obligatoriedad15. Dpto. 71 y ss, y 81 y ss., y Barros, L., Frühling, H., García, G., Quintana, A. y Sánchez, D., "El proceso penal chileno y su protección de los derechos del imputado", en Proceso Penal y Derechos Fundamentales. cit., pp. Las posibles sanciones ante la inobservancia del plazo", en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXVI, p. 403; y, Bordalí, La acción penal, ob. XXI, núm. cit., pp. Digámoslo de otra forma, la pretensión punitiva que obligatoriamente deberá perseguir el MP es aquella que corresponde al delito en el que se encuadra el hecho de que ha tomado noticia, investigado y acreditado, y no otra. 1° de la CADH ("Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción..."), la CIDH deriva la obligación de los Estados de "prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención" (cons. 42 Gómez O. y Herce Q., ob. Maier, J., Derecho Procesal Penal. La Ley y el Delito, Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Lafave, W., Israel, J., King, N. y Kerr, O., Criminal Procedure, 5a ed., West, 2009. Esta concepción de discrecionalidad se encasilla dentro de la "discrecionalidad política o de oportunidad", consistente en la posibilidad de ejercer la acción penal según criterios extrajurídicos, implicando por tanto un juicio de pura conveniencia. Por tanto, si bien es verdad que en diversos momentos el agente público hará un uso arbitrario de una potestad discrecional, de todos modos nos interesa mantener, al menos conceptualmente, clara tal distinción para efectos de este artículo, por lo que enfatizaremos en los múltiples espacios para un no ejercicio discrecional de la persecución penal que la ley adjetiva nacional deja al MP, permitiéndole desoír el mandato de obligatoriedad que lo gobierna, más allá si tal inconducta es arbitraria o no —aunque recurrentemente lo será—. De consiguiente, los manidos conceptos de "oportunidad reglada" y "oportunidad libre" resultarán de escasa utilidad si más allá de las previsiones legales de los casos y condiciones en los que el MP puede abstenerse de la persecución, no se ha contemplado remedio procesal cierto y efectivo frente a su desconocimiento o exceso por parte del MP, pues su ausencia tornará difusa la línea que dibuja los contornos de ambos tipos de oportunidad. 8° de la Declaración de los Derechos del Hombre de 26 de agosto de 1789. de Derecho Procesal. En otro sentido débil, se expresa con el término discrecionalidad que algún funcionario tiene la autoridad final para tomar una decisión que no puede ser revisada ni anulada por otro funcionario. En la arbitrariedad hay una ausencia de razones en un accionar determinado; es un simple "porque sí"; por eso la tendencia a hacerla sinónimo de falta de fundamento, de mero capricho o voluntad. [12] Es una república organizada políticamente en treinta y dos departamentos descentralizados y el … Castro, C. Resabios Inquisitivos en el Proceso Penal Chileno, Metropolitana, Santiago, 2010, pp. 35, núm. Tampoco nos abocaremos al estudio etiológico de la dicotomía obligatoriedad-discrecionalidad, y nos concentraremos en un análisis de sus usos modernos o relativamente modernos. 38 De la Oliva, ob. 25.1 de la Constitución española ("nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento"). En el ámbito nacional, exigiendo que los criterios preventivos en los que se base el principio de oportunidad estén determinados de modo general y objetivo en la ley, a fin de respetar el principio de legalidad del derecho penal, v. López y Horvitz, ob. L. 13 Conde-Pumpido, ob. Común se ha vuelto en el foro nacional poner en duda la fuerza y contenido que el Ministerio Público (MP en adelante) le da a la acción penal que ejerce ante los tribunales competentes, cuestionándose el aprovechamiento de diversos vacíos e imprecisiones del legislador para no ejercer la acción penal, siendo esta procedente a la vista de la prueba reunida1, o para devaluar la pretensión punitiva contenida en sus requerimientos y acusaciones2, transformando esto último en una eficiente herramienta de negociación con el imputado y su defensa, al amparo de una regulación legal que vincula al juzgador en los procedimientos simplificados de resolución inmediata y abreviado a dichas peticiones y que le provee de escasas herramientas para evitarlo o remediarlo. Sujetos procesales, 1a ed., Editores del Puerto, Buenos Aires, 2003, p. 322. 77 CPP disponen además que el ejercicio de la acción penal debe ejercerse por los fiscales "en la forma prevista por la ley". Obligatoriedad: tiene carácter imperativo-atributivo, que por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos y por la otra otorga derechos. 287-308. 2, 2a ed., Macmillan Reference USA, New York, 2002, p. 880-881. cit., p. 480, a su turno, apostilla que en cada acto administrativo existe un aspecto reglado y un aspecto discrecional, siendo excepcionales los casos de actos exclusivamente reglados, e imposibles de concebir los actos puramente discrecionales. (Dir. 124.1 Const. 237 CPP) y el acuerdo reparatorio (art. Con lo anterior en mente, en este trabajo intentaremos esencialmente acordar algunas definiciones básicas, pero trascendentales para el correcto examen de un sistema procesal, respecto de conceptos vinculados al problema teórico de la obligatoriedad de la acción penal3. significa, que en realidad el principio de oportunidad no se. Montero, J., Ortells, M. y Gómez, J., Derecho Jurisdiccional. 18 En relación con las potestades de la Administración, Muñoz M., ob. Disipemos sí que, pese al vínculo expuesto entre el principio de obligatoriedad de la acción penal y el de legalidad sustantiva, no hay entre estos identidad. 35 De igual parecer, Cafferata, ob. El principio de voluntariedad de la mediación abril 5, 2017 | eim Se podría afirmar que la mediación sin voluntariedad no es mediación. XXXVII, 2° sem. Colección Estudios, N° 1, Santiago, 1994. Tanto el Ministerio Público como el tribunal cumplen con sus deberes de realizar las prescripciones dispuestas por la norma penal positiva. Sin embargo, creemos que una mirada más comprensiva de nuestro proceso penal pone en evidencia una diversidad de otros espacios en la regulación adjetiva penal, que permiten también al fiscal abandonar o suspender la persecución discrecionalmente, e incluso atenuar el rigor de la persecución penal por la que se haya decidido51. 132 CPP, que autoriza al abogado asistente del fiscal a comparecer a primera audiencia y formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares dio un significado restringido a la voz "ejercer la acción penal pública" acotado a la acusación, y que por tanto no comprendía aquellos actos controlados. Sentencia del Tribunal Constitucional que Declaró Inaplicable el Artículo 230 del Código Procesal Penal", en Revista de Derecho, Universidad Austral, vol. Como una excelente noticia calificaron la seremi de Energía de Atacama, Cecilia Sánchez Valenzuela, y su par de Bienes Nacionales, Mónica Marín Aguirre, la … Como bien explica Bordalí29, "la acción penal es una simple prolongación del principio de legalidad. Por ser de especial interés para esta investigación los principios de tutelaridad y el evolutivo, serán estos los que a continuación serán descritos. Del mismo modo, diversos autores sostienen hoy una concepción extendida del principio de legalidad, aprisionando en la misma abrazadera su aspecto material como adjetivo, así, los mismos autores citados, íbidem p. 34, consideran como garantías que derivan del principio de legalidad, las siguientes: la garantía criminal, la garantía penal, la garantía de ejecución, y la garantía jurisdiccional, significando esta última que "las sentencias condenatorias (y obviamente las absolutorias) no pueden ser dictadas más que por Tribunal competente y tras cumplir los requisitos y garantías del proceso"; Muñoz C., F., Introducción al Derecho Penal, B de F, Buenos Aires, 2001, p. 135, señala que el principio de legalidad "establece que la intervención punitiva estatal, tanto al configurar el delito como al determinar, aplicar y ejecutar sus consecuencias, debe estar regida por el 'imperio de la ley', y que por ello prefiere llamar 'principio de intervención legalizada'; Cerezo M., J., Obras Completas. La Excma. Náquira, J., Izquierdo, C., Vial, P. y Vidal, V., "Principios y penas en el derecho penal chileno", en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. Diez-Picazo, L.M., El poder de acusar, Ministerio Fiscal y Constitucionalismo, Ariel, Barcelona, 2000. Los empleadores tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. Por eso la discrecionalidad, frente a lo que pretendía la antigua doctrina, no es un supuesto de libertad de la Administración frente a la norma; más bien, por el contrario, la discrecionalidad es un caso típico de remisión legal (...) No hay, pues, discrecionalidad al margen de la ley, sino justamente solo en virtud de la ley y en la medida en que la ley haya dispuesto". 34 En similares términos, Roxin, ob. 1. Diversos autores avalan la necesidad de un espacio desregulado para que opere la oportunidad, cfr. por Rodríguez, N., La justicia penal negociada. [en línea] [consulta: 21 noviembre 2012], pp. Gómez O., E. Y Herce Q., V., Derecho Procesal Penal, 10a ed., Artes Gráficas y Ediciones, Madrid. RUC N° 0600029209-3 de 16.10.2006. A., Derecho Procesal Penal, 4a ed. Mera, J., Derechos Humanos en el Derecho Penal Chileno, Conosur, Santiago, 1998. 27 Quintero, et al., ob. Incluso los Notarios que autoricen documentos sujetos a inscripción en el RM tienen la obligación de advertir a los otorgantes, en el propio documento y de manera específica, acerca de la obligatoriedad de la inscripción. cit., p. 74, reputa una obviedad asignar al Ministerio Fiscal la exigencia de legalidad (art. por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social Se yerra por ende al situar como antagonista de la discrecionalidad —u oportunidad— al principio de legalidad procesal si es la propia ley la que concede potestades discrecionales al Fiscal para sustraer un hecho o sujeto de la persecución, antagonismo que en realidad se presenta con el de obligatoriedad de la acción penal13. Soto P., M., "Ministerio Público y Política Criminal", en AAVV, El Ministerio Público para una nueva justicia criminal, Fundación Paz Ciudadana, Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago, 1994, pp. 234-235, alude con el primero a la promoción del proceso una vez tomado conocimiento de un hecho que encuadra con una norma penal, y con el segundo a la mantención del ejercicio de la jurisdicción hasta obtener un pronunciamiento definitivo sobre el fondo. Deja tu WhatsApp para recibir las diapositivas, Curso completo de responsabilidad civil. Piura, con experiencia en Derecho del Consumidor, Contratos, Derecho de Familia. De manera aislada en nuestra cátedra, Cerda y Hermosilla, ob. cit., p. 215, añade sobre la oportunidad libre lo siguiente: "un sistema tan abierto, que rompe con toda idea de plena sumisión a la ley y al Derecho dado, resultada extraño a nuestra cultura jurídica [europeo-continental] y a nuestra concepción de un Estado de Derecho y pugna, además, con los sentimientos de justicia de nuestra sociedad, por lo que difícilmente es trasladable a nuestro ordenamiento". Dirección: Avda. cit., pp. II. Lo medular aquí es que la decisión de no iniciar, suspender, abandonar o degradar la persecución penal, se deja a discreción de los Fiscales del MP, es decir, no se mueve por los cauces y parámetros estrictos del derecho objetivo, sin que por tanto aquellos deban ajustarse a estándares o patrones determinados por otra autoridad, ni pueda su decisión ser revisada judicialmente en cuanto a su mérito36. Este deber vinculado al Principio de Generalidad, significa que toda persona que se ubique en alguna de las hipótesis normativas previstas en una ley tributaria expedida por el Estado Mexicano, automáticamente adquiere la obligación de cubrir el correspondiente tributo, dentro del plazo que la misma ley establezca. 1, 2008, pp. Derecho consuetudinario, también llamado usos o costumbres, es una fuente del derecho.Son normas jurídicas que no están escritas pero se cumplen porque en el tiempo se ha hecho costumbre su cumplimiento; es decir, se ha hecho uso de esa costumbre que se desprende de hechos que se han producido repetidamente, en el tiempo, en un territorio concreto. 257268. Más información Descarga Guardar Esta es una vista previa ¿Quieres acceso … 1, 2008, p. 174, arguye que el principio de legalidad penal, amén de su contenido de garantía, también implica un mandato ineludible en orden a que se debe aplicar la norma sancionada en la ley, y no otra, de manera que la ley penal no opera solamente como un techo o tope máximo, dejando hacia abajo amplios márgenes de discrecionalidad al acusador y para el juzgador, como áreas para crear normas penales atenuadas aplicadas a casos particulares. II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León, Ministerio de Justicia, Madrid, 1989, pp. Vives A., T.S., La reforma del proceso penal. Sections II and III review how local and comparative doctrines address mandatory and discretionary prosecution and legality, as well as others that are different in name but not in content. Roxin, ob. Principio de obligatoriedad. PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO. De ese modo, este par dialéctico —discrecionalidad y obligatoriedad— tienen un mismo campo de juego, esto es, las facultades y límites de los poderes públicos, ya que vienen siempre referidos al Fiscal y/o al Juez, así como a las funciones que uno y otro desempeñan en el proceso penal14. Ello implica que el órgano debe optar entre elementos igualmente justos o equivalentes; Pierry, ob. Comentarios, Concordancias y Jurisprudencia, 2a ed., Librotecnia, Santiago, 2006. Oo. 758-759. Nuestra CPR en su art. Mediante esta política criminal se fijarán objetivos, para cuya consecución se aprestan determinados medios. Una especificación de dicho principio general es el de legalidad procesal en cuanto regula las precisas potestades y funciones del MP en la investigación y en el proceso penal, y ordena que los fiscales ejerzan y sustenten la acción penal pública "en la forma prevista por la ley" (art. La discrecionalidad política implica a su vez una política criminal determinada, entendida esta como una estrategia global en materia de prevención, investigación, persecución y represión de la criminalidad. Pues en otro caso la acusación no tiene base, y sería antijurídica42. Es así como puede advertirse esta deficiente regulación, entre otros tantos aspectos -no pretendemos aquí una enunciación exhaustiva-, en materia de archivo provisional (art. XXXVII, 2° sem. 30, núm. Suficientemente sabido es que el modelo paradigmático de oportunidad libre es el estadounidense, mientras en el otro extremo se encuentran los modelos alemán, federal argentino y chileno, por nombrar solo algunos. 20-21, reseña que "con frecuencia se entiende el principio de oportunidad con gran amplitud y vaguedad. Sobre el principio de indefectibilidad en el ordenamiento nacional, v. Núñez, J. C., Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral, T. I, Jurídica de Chile, Santiago, 2003, pp. Demos un paso más. 26 Así lo propugna Vives A., T.S., La reforma del proceso penal. Respuesta: Ejemplo: Se entrega una bonificación al gerente de producción, tendré que evaluar el principio de generalidad entre aquellos trabajadores que estén en la misma condición, pudiendo darse los siguientes criterios: Evaluó a todos los gerentes de la empresa. cit., p. 5 56, explica que oportunidad significa "la posibilidad de que los órganos públicos, a quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia de la noticia de un hecho punible o, inclusive, frente a la prueba más o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o definitivamente, condicionada o incodicionadamente, por motivos de utilidad social o razones político-criminales". en Colombia, los contratistas y terceros. O el MP es libre para actuar en un determinado sentido o no lo es. cit., p. 88, explica limpiamente que el fundamento último del principio de legalidad es la exclusión de la arbitrariedad dentro de la relación individuo-Estado, "luego, desde esa perspectiva, el principio de legalidad no puede ser fuente de una obligación de perseguir penalmente (...). y Horvitz, M.I., "El proceso penal chileno", en Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Proceso Penal y Derechos Fundamentales. Por eso, se afirma que en las potestades íntegramente regladas los elementos que las configuran (su titular, la forma en que se ejercen, su finalidad, la forma que adoptan los actos que se dictan en su ejercicio, la oportunidad de su ejercicio, los hechos y fundamentos en que se fundan, etc.) Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos", consagrando el principio de legalidad en el ámbito jurisdiccional, cfr. De ahí que la garantía constitucional de legalidad sustantiva no sea ni equivalente al principio de obligatoriedad de la acción penal, ni obstaculice incorporar legislativamente el principio de discrecionalidad u oportunidad. El poder de juzgar es sencillamente la potestad de aplicar derecho objetivo, y así ha sido concebido, casi invariablemente, por la doctrina española". SSTC Rol N° 815-07 de 19.08.2008, Rol N° 1337-09 de 20.8.2009, Rol N° 1.467-2009 de 29.12.2009, Rol N° 1341-2009 de 15.04.2010, Rol N° 1380-2009 de 03.11.2009, Rol N° 1445-09 de 29.01.2010, Rol N° 1404-09 de 18.05.2010, Rol N° 1394-09 de 13.07.2010, Rol N° 1542-09 de 31.08.2010, y Rol N° 1484-2009 de 5.10.2010. 309-319. Así, todo lo que se haya establecido en ellos obliga a las partes contratantes y sólo lo regulado les es aplicable. 49 Nº 2, pp. Gómez C., J.L., El proceso penal alemán. SCA de Rancagua Rol N° 183-2009 de 02.07.2009 al decidir que: "(---) siendo además esta facultad de carácter privativo y excluyente, de modo que el juez de Garantía no puede resolver no aprobar la decisión del Ministerio Público". La concepción de discrecionalidad que secundamos se encasilla dentro de lo conocido como "discrecionalidad política o de oportunidad", consistente en la posibilidad de ejercer la acción penal según criterios extrajurídicos, implicando por tanto un juicio de pura conveniencia en virtud del cual se decide si el ejercicio de la acción penal es apropiado respecto de ciertos objetivos políticos39. 51-72. 135 y ss. desde este punto de vista, dos son los significados … Gimeno S., V., Moreno C., V., Cortés D., V., Derecho Procesal Penal, 3a ed., Colex, Madrid, 1999. Al recoger nuestro sistema a nivel meramente legal el principio de obligatoriedad de la acción penal, le priva de la innegable fuerza expansiva de que gozan los preceptos constitucionales a la hora de interpretar las disposiciones dictadas por el legislador, pues de haber optado por su recepción en el texto constitucional, sería inevitable la exégesis a la luz de la misma, por ejemplo, de todo el estatuto del MP48. 395 CPP) y abreviado (art. Hassemer, W., "La persecución penal: legalidad y oportunidad", en Jueces para la democracia, núm. 170 CPP) la suspensión condicional del procedimiento (art. Universidad Católica de Chile, 2008, pp. Ruiz V., Estudios de Derecho procesal penal, ob. Maturana C. y Montero, R., Derecho Procesal Penal, T.I, Legal Publishing, Santiago, 2010. Finalmente, el principio de legalidad habría de gobernar la ejecución de las penas". Principio de Igualdad • Igualdad ante la ley: no se puede otorgar privilegios personales en materia tributaria. Aguilera, D., "La participación de la víctima en la persecución penal oficial. II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León. Correo electrónico: merodrig@uc.cl. Jiménez de Asúa, L., Principios de Derecho Penal. Los elementos reglados del precepto impondrán al MP tener en cuenta ciertos requisitos que ella establece, de tal suerte que en presencia de predeterminadas circunstancias deberá actuar en el sentido prescrito por la norma, mientras que los segundos facultan al MP para obrar libremente sin que su conducta esté anticipadamente fijada por la regla de derecho. 11-21. 290-291, complementa que la conexión entre el principio de oportunidad y el ejercicio de la acción penal ha hecho actualmente más que contraponer el principio de oportunidad al de legalidad, se diga que realmente a lo que se contrapone el uso de la oportunidad por el MP es al principio de obligatoriedad de la acusación. De acuerdo con lo dicho entonces, el poder discrecional no es susceptible de graduaciones; existe o no. Para este autor, ídem pp. cit., p. 206; Cerda y Hermosilla, ob. Parte General, ob. Aguilar, C. Manual de Derecho Procesal Penal Oral, Metropolitana, Santiago, T. I, 2004, p. 413; Novoa, J.P. "Análisis de la facultad del Ministerio Público de no perseverar en la investigación", en Revista procesal penal, 2004, N° 27, pp. Diariodominicano.com ¿Es factible la obligatoriedad de una vacuna contra el COVID-19. II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León. 51 Para Del Río, El principio del consenso de las partes, ob. Rol N° 2862008 de 17.03.2008 y Rol N° 658-2008 de 07.05.2008; SCA Rancagua Rol N° 282-2012 de 23.07.2012; y, SJG 4° Stgo. cit., pp. Serra D., M., Estudios de Derecho Procesal, Ariel, Barcelona, 1969. Explican el antagonismo entre ambos conceptos en el ámbito administrativo García de E. y Fernández, ob. Por ello se habla de las diversas garantías contenidas en el mismo. Todos los derechos reservados, Hoy se vence el plazo para consignar las cesantías. Bettiol, G., Instituciones de derecho penal y procesal, Bosch, Barcelona, 1977. cit., p. 548; López, J. y Horvitz, M.I., Derecho Procesal Penal Chileno, T. I, Jurídica de Chile, Santiago, 2005, p. 46; y, Cerda, R. y Hermosilla, F., El Código Procesal Penal. cit., p. 56. “Artículo 1361º.-. Escriche da las siguientes acepciones de esta palabra: la cualquiera de las preguntas de que se compone un interrogatorio; 2a la excepción previa y dilatoria que opone alguna de las partes para estorbar el curso de la causa principal; 3a cada una de las disposiciones o puntos convenidos en los tratados de paz o capitulaciones de plaza; 4a cada una de las partes o puntos en que se … 2009, pp. cit., p. 8, asevera que el derecho penal material determina no solo los límites de la punibilidad, sino que tiene además la misión de reafirmar y asegurar las normas fundamentales de una sociedad. En ese orden, se revisa en los apartados II y III cómo la doctrina comparada y local aborda los principios de obligatoriedad y discrecionalidad de la acción penal, oportunidad y legalidad, así como otros a los que no obstante una distinta denominación suele atribuírsele el mismo contenido. Análisis a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", en Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Sección: Estudios, Año 18, N° 2, 2011, pp. cit., pp. Delgado, J., "El principio de oportunidad en el proceso penal", en AAVV, La Reforma del Proceso Penal. Modificase el artculo 153 de la ley 100 de 1993, Son principios del sistema … Comentarios a la ley de medidas urgentes de reforma procesal II, Tirant lo Blanch, 1992, pp. Sujetos procesales, 1a ed., Editores del Puerto, Buenos Aires, 2003. This article attempts a novel approach —at least for the Chilean doctrine — to the elusive concepts of obligation and discretion of criminal prosecution by the prosecutor office. Este principio encuentra su pilar en la necesidad de colaboración que debe existir entre los miembros de una sociedad para llegar a un desarrollo competitivo … Zalaquett, J. y Nash, C., "Proceso Penal y Derechos Humanos", en Revista de derecho procesal, Depto. Así las cosas, más ventajoso, por su realismo y pragmatismo, resulta seguir a Davis, K.C., Discretionary Justice.

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