Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la ⦠41En síntesis, en ella se establece el siguiente procedimiento para la recopilación de antecedentes: i) “Detección de hechos eventualmente constitutivos de delito tributario”: Todo funcionario que, en ejercicio de sus funciones, tome conocimiento o reciba antecedentes relacionados con hechos posiblemente constitutivos de alguno de los delitos tributarios, deberá remitir dichos antecedentes en forma inmediata al jefe del Departamento o Unidad en que se desempeñe; ii) “Remisión de antecedentes a la jefatura correspondiente”: el funcionario que tome conocimiento o reciba antecedentes relacionados con hechos presuntamente constitutivos de delitos tributarios, elaborará una minuta con los antecedentes del caso y un breve análisis de los mismos, la cual será remitida al jefe del Departamento o Unidad de la cual dependa el funcionario informante, quien la evaluará, decidiendo en alguno de los siguientes sentidos: someterla a evaluación del Comité para dar inicio al proceso de recopilación de antecedentes; si los antecedentes reunidos son suficientes para acreditar el hecho delictivo y la participación, sin que sea necesario iniciar un proceso de recopilación, remitirá la minuta y documentación al Jefe del Departamento u Oficina Jurídica; o si la entidad de los hechos referidos en la minuta no posee la suficiencia y calidad para adoptar alguna de las decisiones anteriores, informará en tal sentido al funcionario responsable, disponiendo las medidas que sean pertinentes; iii) “Registro de las irregularidades detectadas”: deberá efectuarse en el sistema computacional que en el momento se encuentre vigente; iv) “Procedimiento de cobro de impuestos”: sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, se debe proceder siempre en forma inmediata a la determinación y cobro de los impuestos o diferencias impositivas que existan; v) “Análisis de los antecedentes por parte del Comité”: en cada sesión, el Comité procederá a efectuar el análisis de los casos, el cual deberá adoptar alguna de las siguientes decisiones: ordenar se lleve a cabo una recopilación de antecedentes por delito tributario, disponiendo asimismo el cobro de las diferencias de impuestos que resultaren del proceso, cuando corresponda; o remitir los antecedentes al Departamento que el Comité determine, a objeto que se desarrolle un procedimiento de fiscalización y/o se proceda al cobro de los impuestos adeudados o de las diferencias impositivas, si se presentan y no se hubiere completado, o archive los antecedentes, según corresponda. En términos prácticos, si falta un elemento del tipo penal, los hechos denunciados o querellados no son precisos. Lo anterior, sin perjuicio de lo sostenido por las teorías sobre la comunicabilidad77 y la existencia de otros tipos penales eventualmente aplicables. Por tanto, si se denuncia que “un sujeto dictó una sentencia, que es contraria a derecho”, no se comunica un hecho preciso y, por lo mismo, no se ha tomado conocimiento de un delito. 234 ss. Homenaje al Profesor Claus Roxin (Córdoba, Lerner, 2001), pp. Sólo así se podría evitar que este proceso afecte su honra o intimidad o que vuelva a sufrir nuevamente algún grado de victimización36. Así, la relación entre el hecho «X» y el sujeto «Z» indeterminado correría la misma suerte que una denuncia efectuada sin indicar a su autor, pues el sujeto calificado es parte integrante del tipo penal. Pero, ¿qué es en realidad un requisito de procedibilidad? En consecuencia, el único acto válido del Servicio de Impuestos Internos es la interposición de una denuncia o querella por un hecho determinado cometido por un sujeto calificado expresamente individualizado. 12Massone Parodi, Pedro, Infracciones tributarias (2ª edición, Santiago, Legal Publishing, 2010), p .326. 2Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Como reconoce el Ministerio Público, el adverbio “sólo” resulta indicativo de la evidente decisión legislativa de excluir la posibilidad de iniciar de oficio la persecución penal5. En tercer lugar, cuando la ley utiliza la expresión acción penal, en ciertas ocasiones, alude a un derecho de iniciativa (por ejemplo, en los delitos de acción privada en los que sólo la víctima podrá ejercer la acción penal; artículos 53 y 400 CPP). En este sentido, los tipos penales contenidos en el Código Tributario describen infracciones de deberes cuyo contenido y alcance precisos emanan de la legislación tributaria sustantiva. 17 y 18; y, Cordero, Franco, Procedure Penale (5º edición, Milano, Giuffrè, 2000), pp. 76Vid. Sin embargo, caracteriza la acción penal que emana de los delitos tributarios como una de carácter mixta o previa instancia particular65, que, como se afirma acá, no es el caso, pues de esta clase de delitos emana una acción penal que requiere autorización de un ente estatal. (n. 27), p. 65., quien hace la distinción “en cuanto a los intereses generales o particulares que cautela”. [ Links ], Laporta H., Mario, Delito fiscal. En el escrito de calificación, conclusión que se ofrece como subsidiaria de otra principal. Ello será respondido in infra. En otros términos, los tipos especiales del Código Tributario, en relación con el artículo 99 del mismo cuerpo legal, parecen sugerir la idea de que la calidad de contribuyente constituye una característica personal para imponer la pena de autor82. La tercera y última parte se dedica a los delitos tributarios y su vinculación con la acción penal. (n. 3), p. 111. En los primeros, el tipo penal no exige una cualidad especial para ser autor del delito, por lo que cualquier persona que reúna las condiciones generales de imputabilidad podrá responder como autor. 87 ss. Junto con la clasificación anterior, existe otro tipo de acción penal que se caracteriza por requerir una habilitación por parte de un ente estatal para proceder con la persecución penal. 97 N° 24 (abuso de beneficios tributarios relativos a donaciones), N° 25 (abuso de zonas francas); en Van Weezel, Alex, cit. UN News produces daily news content in Arabic, Chinese, English, French, Kiswahili, Portuguese, Russian and Spanish, and weekly programmes in Hindi, Urdu and Bangla. En particular, el artículo 174 del modelo de Código Tributario del CIAT, organismo del cual Chile es parte desde 1967, propone que: “Las acciones penales por delitos tributarios ante la justicia ordinaria serán iniciadas por querella o denuncia del titular de la Administración tributaria…”. Luego, la denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos constituye una condición de procedibilidad pública para el inicio de persecución penal de los delitos tributarios47-48. (n. 51), p. 8. 5“Instrucción general que imparte criterios de actuación del Ministerio Público en la investigación de los delitos tributarios, en relación con lo dispuesto por el artículo 162 del Código Tributario”, oficio N°487/2016, p. 3. 3Vid. WebSistema de consulta de Tesis, Precedentes (Sentencias) y otros documentos publicados semanalmente del Semanario Judicial de la Federación. Con ello se reafirma que el Ministerio Público, para llevar adelante una investigación por un delito tributario, se encuentra limitado por la decisión previa que adopte el Servicio en relación con el ejercicio de la acción penal. [ Links ], Otero Lathrop, Miguel, La policía frente al Código Procesal Penal (Santiago, Editorial Jurídica de Chile , 2010). a) Aspectos generales15. 33-35. IV (Milano, Giuffrè , 1958). La acción y la protección de los derechos (Santiago, Editorial Jurídica de Chile , 2006), I. En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo del revisor fiscal, éste ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos o las juntas de socios, con el voto requerido para la creación del cargo; a falta de estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de la junta de socios o asamblea general, ejercerá las funciones ⦠No obstante, es del artículo 1 de donde se puede extraer la definición del concepto de responsabilidad penal: 1. Por ello, debe estar siempre presente en la descripción fáctica de la denuncia o querella, dirigiéndose nominativamente en su contra. 22Para un estudio del concepto de acción penal y su relación con el concepto de acción civil en Italia, confrontar por todos: Chiavario, Mario, cit. Esta satisfacción de los presupuestos procesales, como señalara Bülow, “no puede dejarse librada en su totalidad a la disposición de las partes, pues no se trata de un ajuste privado entre litigantes, sólo influido por intereses individuales, sino de un acto realizado con la activa participación del tribunal y bajo la autoridad del Estado, cuyos requisitos son coactivos y en grandísima parte, absolutos”61, por lo que deben, como señala Romero Seguel, observarse de oficio62. Aquello podría degenerar en una potencial vulneración de la garantía del debido proceso, además del hecho que si el Ministerio Público inicia la querella en medio del proceso fiscalizador, éste queda inconcluso y se pierde la oportunidad de recaudar”. por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. 58 ss. La prescripción [1] es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción de la acción, mas no del derecho. Parte general (5° edición, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002), p. 261. En consecuencia, el Ministerio Público no está facultado para investigar mientras no cuente con una denuncia o querella por parte del Servicio de Impuesto Internos. 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia («B.O.E.» 5 junio). Así las cosas, la inobservancia de un presupuesto procesal, como lo es la omisión de una querella o denuncia (o el incumplimiento de sus requisitos legales) para el inicio de la persecución penal, impedirá la formación de un procedimiento legalmente tramitado, o en palabras de Roxin: “el procedimiento es inadmisible, no se puede dictar una decisión sobre los hechos y el proceso debe terminar”68. Sin embargo, la acción penal pública previa instancia particular opera generalmente sobre el presupuesto de que existe una víctima persona natural. 68Roxin, Claus, Strafverfahrensrecht, cit. 10“Por tratarse de un delito de acción “privativa”, ninguna otra persona o autoridad podrá requerir al Ministerio Público para que inicie la investigación de esta clase de ilícitos”, Circular N° 40, de 20 de junio de 2002, pronunciada por el Director del Servicio de Impuestos Internos, p. 22. El concepto de Estado difiere según los autores, [11] pero algunos de ellos definen el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. 108 ss. ; Maturana Miquel, Cristián – Montero López, Raúl, Derecho procesal penal (Santiago, LegalPublishing, 2010), I, pp. Prozessvoraussetzungen des Reichstrafprozesses, en ZStW 5 (1885). Así las cosas, los presupuestos procesales penales se pueden clasificar en atención a tres criterios, a saber: a) los que apuntan a la capacidad jurisdiccional del tribunal; b) los que miran a la perseguibilidad del hecho concreto; y c) los que apuntan a la perseguibilidad del acusado. Al respecto, sólo recordar que la Contraloría General de la República señaló recientemente que “las autoridades y funcionarios del SII están obligados a observar el principio de imparcialidad consagrado en el artículo 11 de la ley N°19.880, conforme al cual, tanto en la substanciación de sus procedimientos como en las resoluciones que adopten, han de actuar con objetividad y respetar el principio de probidad, el que, a su vez, les impone la obligación de emplear medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, según lo ordena el artículo 53 de la ley N° 18.575”87. 16Leone, Giovanni, Azione penale, en Enciclopedia del Diritto 27Se ha definido la acción penal como “el derecho subjetivo potestativo público que la ley otorga al Ministerio Público y a ciertas personas legitimadas, para requerir del juez, a través del fiscal de dicho Ministerio, una decisión acerca de la noticia de un delito, en orden al establecimiento de su existencia y a su posible imputación a determinada persona a fin de imponer una pena”. En consecuencia, los delitos tributarios80 son delitos especiales toda vez que deben ser cometidos por un sujeto calificado, como un contribuyente, un contador o un funcionario público81. Además, toda prueba reunida adolecerá de ilicitud. 35Aquí se ajusta a la visión de Hassemer sobre los llamados bienes jurídicos personalísimos. Doctrina procesal penal (Santiago, Centro de Documentación Defensoría Penal Pública, 2012). En nuestra opinión, es lo que en la doctrina procesal se denomina un presupuesto procesal. Desde esta nueva perspectiva, la acción penal sería una demanda de resolución jurisdiccional, cuyo contenido debe elaborarse en atención a las específicas previsiones normativas24. Por tanto, es posible concluir que la necesidad de intervención del Servicio de Impuestos Internos está establecida en atención a la especificidad técnica de la materia y no en relación con la intimidad o la honra de la víctima, como sucede con la mayoría de los delitos de acción penal pública previa instancia particular. De allí que cualquier conducta que pueda eventualmente configurar una infracción tributaria requiera de un estudio previo que permita determinar no sólo el exacto alcance de esta conducta al interior del sistema sino también su eventual configuración como infracción administrativa o como delito38. tiene las competencias técnicas para evaluar las particularidades del caso y, así, definir si se han infringido o no sus normas y la naturaleza de la infracción. 37En virtud de las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.945 al DFL N° 1 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211 de 1973. [ Links ], Taormina, Carlo, Vecchio e nuovo nella teoria dell’azione penale» alle soglie del nuovo codice di procedura, en La Giustizia Penale (1988). Luego, si se denuncia o querella por un hecho «X» cometido por un sujeto «Y» “y todos quienes resulten responsables” («Z»), hay, al menos, dos relaciones (siempre que «Z» sea equivalente a un sujeto; si «Z» corresponde a más de un sujeto, entonces habrá más relaciones): una entre el hecho «X» y el sujeto «Y» y la otra entre el hecho «X» y el sujeto «Z». (n. 12), pp. 793 ss. Oficio de la Fiscalía Nacional N° 487 de 2016, p. 3. Esta exigencia, a su vez, puede ser expresa (como en el delito de parricidio) o concluyente (como en el delito de defraudación tributaria)76. Homenaje al Profesor Claus Roxin (Córdoba, Lerner, 2001). 29Compartiendo esta clasificación tripartita: Castro Jofré, Javier, cit. Por otra parte, la moral suele ser identificada ⦠Si WebPARÁGRAFO. Parte generale (Padova, CEDAM , 2000). 283 ss. En este sentido, pero sin incluir el adjetivo preferente: Núñez Vásquez, J. Cristóbal, cit. Siguiente. Homeostasis cibernética [ editar ] En cibernética , la homeostasis es el rasgo de los sistemas autorregulados ( cibernéticos ) que consiste en la capacidad para mantener ciertas variables en un estado estacionario, de equilibrio dinámico o dentro de ciertos límites, cambiando parámetros de ⦠[ Links ], Piedrabuena Richard, Guillermo, Las potestades del Ministerio Público en la investigación de los delitos tributarios, en Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado 33 (2015). conclusión definitiva. CONGRESO DE LA REPÚBLICA . Los delitos tributarios y la acción penal. 8Circular N° 40, de 20 de junio de 2002, pronunciada por el Director del Servicio de Impuestos Internos, p. 24. [ Links ], Van Weezel, Alex, Delitos tributarios (Santiago, Editorial Jurídica de Chile , 2007). Los antecedentes que se reúnen durante esta fase permiten al Director Nacional adoptar una decisión que, si bien es discrecional, nunca podría -o debería- llegar a ser arbitraria. Der. Desde otra perspectiva, la acción penal que requiere de autorización de un ente estatal consiste en un presupuesto procesal de perseguibilidad. 17Uno de los escasos aportes doctrinales alemanes recientes en esta materia provienen de H. Kaufmann (Kaufmann, Hilde, Strafanspruch, Strafklagerecht (Göttingen, Otto Scwartz Verlag, 1968), p. 130) para quien el concepto de derecho de acción penal (Strafklegerecht) es un componente histórico dogmático de la idea de acción (Aktion), que en el moderno pensamiento jurídico habría devenido inaplicable con el abandono de aquel concepto de Aktion. En cambio, si se señala que “el ministro Juan dictó una sentencia fallando contra ley expresa y vigente en una causa criminal”, se exponen los elementos típicos del delito de prevaricación (artículo 223 N° 1 del Código Penal). 38Laporta H., Mario, Delito fiscal. [ Links ], Chahuán Sarras, Sabas, Manual del nuevo procedimiento penal (7ª edición, Santiago, LegalPublishing , 2012). [1] Existe cierta discusión al respecto, pero se acepta de forma mayoritaria que el delito se compone de ⦠V. Conclusión. EL CONGRESO DE COLOMBIA, DECRETA: CAPITULO I. PRINCIPIOS Y DEFINICIONES. 100 (falsedad y dolo del contador); ii) segundo, quebrantamiento de medidas conservativas y sanciones: art. U. m. en pl. LEY 906 DE 2004 LEY 906 2004 200408 script var date = new Date(31/08/2004); document.write(date.getDate()); script false false DIARIO OFICIAL. b) Acción penal pública previa instancia particular. Por tanto, el presente trabajo consiste en un estudio eminentemente dogmático, que analiza la institución desde una perspectiva procesal y sustantiva. [ Links ], Duce Julio, Mauricio; Riego Ramírez, Cristián, Proceso penal (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2007). 86Instrucción general que imparte criterios de actuación del Ministerio Público en la investigación de los delitos tributarios, en relación con lo dispuesto por el artículo 162 del Código Tributario, oficio N° 487/2016, p. 5. Sobre algunos breves aspectos del proyecto de ley que culminó con esta Ley, ver: Silva Salse, Manuel, Diligencias de investigación limitativas de derechos fundamentales o intrusivas otorgadas a la Fiscalía Nacional Económica, en Revista de Filosofía y Ciencias Jurídicas 7 (2015), pp. 56Niese, Werner, Prozessvoraussetzungen und hindernisse und ihre Feststellung im Strafprozess, en DRZ (1949), pp. 505 ss. (n. 16), pp. La acción penal regulada en el artículo 162 del Código Tributario, The criminal action regulated in article 162 of the Tax Code. Luego, cabe distinguir entre delitos de acción pública, de acción penal pública previa instancia particular y de acción privada29. [ Links ], Oliver Calderón, Guillermo, Apuntes de Derecho Procesal Penal (Valparaíso, inédito, 2017). Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilaterales, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta ley. A fortiori, tampoco podrá formalizar, no podrá solicitar medidas cautelares ni, en general, provocar la intervención del Juzgado de Garantía. 399 ss. 78Laporta H., Mario, cit. (n. 51), p. 28. En consecuencia, esta norma establece un régimen especial de inicio del procedimiento penal respecto de los delitos tributarios, apartándose de las formas usuales de ejercicio de la acción penal6. Ahora bien, los delitos tributarios pueden ser caracterizados como delitos especiales toda vez que deben ser cometidos por un sujeto calificado, como un contribuyente, un contador o un funcionario público. El artículo 54 del Código Procesal Penal prohíbe al Ministerio Público ejercer la persecución penal de un delito de acción penal pública previa instancia particular sin que antes, a lo menos, el ofendido hubiere denunciado el hecho. Esta determinación del deber fiscal se halla en la base de la mayor parte de los tipos penales y le corresponde primordialmente al Servicio de Impuestos Internos a través de su Director (artículo 6, letra A, N° 1 del Código Tributario)39. Disponible [en línea]: http://www.rfycj.cl/wp-content/uploads/2016/04/RFyCJ-N7-5.pdf]. Pues bien, ¿ello en qué se relaciona con la acción penal que requiere de autorización de un ente estatal? (n. 51), p. 27. [ Links ], García Cavero, Percy, Lecciones de Derecho Penal parte general (Lima, Editorial Jurídica Grijley, 2008). 90-91. 21Para el profesor alemán Volk (Volk, Klaus, Strafprozeßrecht (München, CH. En estos casos, el perdón de la persona ofendida extingue la acción penal. En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo del revisor fiscal, éste ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos o las juntas de socios, con el voto requerido para la creación del cargo; a falta de estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de la junta de socios o asamblea general, ejercerá ⦠Agencia Boliviana de Información. (n. 3), pp. Ver Romero Seguel, Alejandro, cit. 71“Todo órgano del Estado está sometido al cumplimiento del principio de juridicidad. Más allá de una mera clasificación, nos permite comprender el trasfondo de su existencia, que está muy relacionada con los delitos tributarios, como se verá: esta autorización tiene sentido porque permite el ejercicio de la acción penal para perseguir delitos tributarios. 24En este senido ver: Morello, Michele, Il nuovo processo penale. En el caso de un delito especial, el sujeto calificado es parte integrante del tipo penal. Leone, por ejemplo, manifestaba que la fatigosa elaboración del concepto de acción en el Derecho procesal civil sólo puede aspirar a servir para fijar meras premisas en aras a determinar un concepto de acción penal; resultando el resto de la referida elaboración completamente ajena al ámbito del enjuiciamiento criminal16. Se sabe de antemano quien cometió la conducta, pues la identificación del sujeto es parte integrante del tipo penal que, si no se determina en la denuncia o querella, no se comunica un hecho constitutivo de delito. [ Links ], Kries, Agust von, Die Si el Servicio de Impuestos Internos no puede actuar válidamente en los términos indicados, a fortiori, tampoco podrá el Ministerio Público iniciar la persecución penal por un hecho descubierto en el contexto de una investigación, pues acá ni siquiera existen hechos querellados o denunciados, ni sujeto calificado. Las primeras, son aquellas que requieren de la voluntad de un particular para su promoción o ejercicio, como la denuncia de la víctima en el delito de violación de domicilio (artículo 54 del Código Procesal Penal). Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción. [ Links ], Gimeno Sendra, José Vicente, La querella (Barcelona, Bosch, 1977). 115-153. 28Oliver Calderón, Guillermo, cit. Parte general (Granada, Comares, 2002), p. 981. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA . La conducta humana (acción u omisión) debe estar tipificada en el ordenamiento jurídico penal para ser relevante en su órbita. 83Instrucción general que imparte criterios de actuación del Ministerio Público en la investigación de los delitos tributarios, en relación con lo dispuesto por el artículo 162 del Código Tributario, oficio N° 487/2016, p. 4. Como se estudió en el respectivo apartado, el sujeto activo forma parte integrante del tipo penal. (n. 35), pp. Es más, y como el mismo instructivo del Ministerio Público ordena, por contrapartida de los incisos sexto y séptimo del artículo 162 del Código Tributario85, en estos casos se debe oficiar al Servicio de Impuestos Internos para que ejerza la acción penal86. 97 N° 4 (disminución engañosa del monto del impuesto), N° 5 (omisión de declaraciones), N° 10 (reiteración en el no uso o mal uso de documentos), N° 22 (mal uso de medios verdaderos de autorización del Servicio), N° 23 (falseamiento de estado inicial), art. En cambio, en los delitos tributarios aquella realidad fáctica también se relaciona estrechamente con la regulación administrativa tributaria. 336 ss. 87Dictamen N°14.000, de 27 de abril de 2017. Frente a la perspectiva histórica tradicionalmente adoptada, el debate queda reducido al plano meramente normativo23. La falta de una condición de procedibilidad impide la promoción o prosecución de la acción penal, razón por la cual debe concurrir al momento de su promoción o de su ejercicio, según el caso. En especial, se tuvo en consideración: el evidente conflicto entre el cobro civil de los impuestos y los delitos tributarios, la falta de certeza jurídica y el entorpecimiento de la actividad recaudadora, lo cual podría traer como consecuencia una menor recaudación impositiva. Además consultar los trabajos de: Herzog, Felix, Gesellschaftliche Unsicherheit und strafrechtliche Daseinsvorsorge (Heidelberg, RV. 04 de Abril de 2018; Aprobado: (n. 20), p. 166, señala que “los presupuestos procesales serían presupuestos tipificados del aseguramiento de la paz jurídica, sin cuyo concurso no existirían motivos, en realidad, para la actuación del ordenamiento jurídico penal”. 4 (Buenos Aires, Puntolex, 2010). 62Romero Seguel, Alejandro, cit. Si bien el artículo 162 del Código Tributario ha sido objeto de gran debate en el último tiempo, parece ser que la crítica está relacionada más bien con la independencia de la decisión a adoptar por parte del Servicio de Impuestos Internos que con la institución en sí. [ Links ], Soto Kloss, Eduardo, Acerca de la obligatoriedad de los precedentes en la actividad administrativa del Estado, en Revista Chilena de Derecho 26, (1999), 2. 127 ss. En primer lugar, si se analiza la función del Ministerio Público, no se puede afirmar que éste tenga un derecho a su favor, sino un deber de ejercer la acción penal pública. Luego, el único acto válido del Servicio de Impuestos Internos es la interposición de una denuncia o querella por un hecho determinado cometido por un sujeto calificado expresamente individualizado. 81Laporta H., Mario, cit. ; Soto Kloss, Eduardo, Acerca de la obligatoriedad de los precedentes en la actividad administrativa del Estado, en Revista Chilena de Derecho 26 (1999), 2, pp. Then, a category little known in our country is analyzed: the criminal action that requires authorization from a state entity; what is understood, corresponds to this criminal action. 33Vid. Proposición que se pretende probar y que se deduce de las premisas. También considera que no es posible hablar de pretensión penal en el sentido dado por la ciencia procesal civil: Zipf, Heinz, Strafantrag, Privatklage und staatlicher Strafanspruch, en GA (1969), pp. Bülow definía a los presupuestos procesales como “las condiciones para la constitución de la relación jurídico procesal” o como “los requisitos a que se sujeta el nacimiento de aquella”, o bien “las condiciones previas para la tramitación de toda relación procesal”50. [ Links ], Pastor, Daniel R., Acerca de los presupuestos e impedimentos procesales y sus tendencias actuales, en VV.AA, Nuevas formulaciones en las ciencias penales. LE0000699574_20210625 Párrafo tercero del artículo 267 redactado por el apartado treinta de la disposición final sexta de la L.O. 179-204; analiza, a nuestro juicio correctamente, desde una perspectiva crítica la tesis del referido autor: “anticipando el juicio de valor […] es posible indicar que el trabajo de Piedrabuena exhibe ciertos problemas a nivel de justificación externa (esto es, de fundamentación de premisas) e interna (a nivel de conclusiones) y por lo tanto, no provee un resultado consistente que permita cimentar adecuadamente la hipótesis por él bosquejada” (p. 179). En particular, el nuevo artículo 64. Tengo el agrado de presentar el documento Compendio de la doctrina social de la Iglesia, elaborado, según el encargo recibido del Santo Padre Juan Pablo II, para exponer de manera sintética, pero exhaustiva, la enseñanza social de la Iglesia.. Transformar la realidad social con la fuerza del Evangelio, testimoniada por mujeres y hombres fieles a ⦠Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. (n. 16), p. 399. La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. 1. f. Der. Desde esta perspectiva, en el último apartado se vincula la acción penal con los delitos tributarios, ya que la denuncia o querella debe cumplir con cierta característica para que sea válida pues se trata de un delito especial. Definiciones. [ Links ], Volk, Klaus, Strafprozeßrecht (München, CH. 1. f. El nuevo sistema procesal penal (4ª edición, Santiago, LexisNexis, 2008); Duce Julio, Mauricio – Riego Ramírez, Cristián, Proceso penal (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2007); Medina Jara, Rodrigo – Morales Palacios, Luis – Dorn Garrido, Carlos, Manual de derecho procesal penal (2ª edición, LexisNexis, Santiago, 2007). Luego, el Ministerio Público está impedido de iniciar investigación alguna por delitos tributarios cuando no exista querella o denuncia previa por parte del Servicio de Impuestos Internos, y si eventualmente ésta igualmente se ha iniciado, el juez de garantía o en su caso el Tribunal Oral en lo Penal, deberá declarar que el proceso es inadmisible, por cuanto, falta un requisito procesal habilitante. [ Links ], Tonini, Paolo, Manuale di procedura penale (Milano, Giuffrè , 1999). 11En este sentido, Van Weezel, Alex, cit. 45 ss. En este sentido adiciona la imposibilidad de establecer un paralelismo entre la pretensión penal del Estado en el enjuiciamiento criminal y la pretensión de los actores en el proceso civil. Decker, 1991), pp. 336 ss; Otero Lathrop, Miguel, La policía frente al Código Procesal Penal (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2010), pp. 399-403; Castillo Blanco, Federico, La protección de la confianza legítima en el Derecho Administrativo (Madrid, Editorial Marcial Pons, 1998), passim. En efecto, como la tramitación del procedimiento o su publicidad podría perjudicar todavía más el interés que se quiere proteger -y que ya se vio dañado con el delito32- el legislador exige una manifestación de voluntad particular. Núñez Vásquez, J. Cristóbal, Tratado del proceso penal y del juicio oral. Espíritu jurídico. [ Links ], Vila Baltra, Martín, Titularidad de la acción penal en los delitos tributarios, en Anuario de Derecho Tributario 7 (2015). Para la adopción de alguna de las decisiones indicadas, el Comité deberá considerar especialmente los siguientes factores: monto del perjuicio al interés fiscal comprometido, en aquellos casos en que es posible determinar su cuantía, atendida la realidad regional o del sector; relación del monto del crédito fiscal amparado en los documentos impugnados, con el monto del crédito total empleado en los períodos revisados, cuando pertenezca al ilícito; reiteración en la utilización de facturas falsas en calidad de tenedor, o que el infractor registre participación en casos anteriores como proveedor de las mismas, si corresponde a la conducta detectada; existencia de antecedentes que permitan presumir que ha existido intencionalidad en la conducta delictiva de que se trate; y el efecto ejemplificador o pedagógico que podría alcanzar una eventual persecución penal de los hechos, considerando la realidad regional, el giro o actividad del infractor y la naturaleza del ilícito; vi) “Acta del Comité”: las decisiones del Comité constarán en un acta suscrita por el secretario; vii) “Remisión de las actas del Comité”: respecto de los casos en que el Comité haya dispuesto efectuar una recopilación de antecedentes, deberá remitir copia del acta respectiva a la unidad encargada de dicho proceso; viii) “Procedimiento a seguir cuando, producto de la recopilación de antecedentes o del procedimiento de fiscalización, se detecten conductas eventualmente constitutivas de delito tributario”: se deberán seguir los procedimientos establecidos en las resoluciones N°138 y 139, ambas de 29 de octubre de 2008, y de las instrucciones que las complementen. b) Los delitos tributarios y la acción penal. ; Maturana Miquel, Cristián – Montero López, Raúl, cit. 7DFL N° 7 del Ministerio de Hacienda, de 1980. También es de la misma opinión: Oliver Calderón, Guillermo cit. Recibido: 4“Las razones esgrimidas fueron muchas para que el Director del SII –y no el Ministerio Público– mantuviese la exclusividad de tan relevante facultad. (n. 14), p. 85 ss. c) Acción penal que requiere autorización de entes estatales. Chile, Correo electrónico: raul.nunez@pucv.cl. 53Kries, Agust von, Die Prozessvoraussetzungen des Reichstrafprozesses, en ZStW 5 (1885), pp. 25Bellavista, Girolamo – Tranchina, Giovanni, Lezione di Diritto Processuale Penale (10º edición, Milano, Giuffrè, 1987), pp. 44Núñez Vásquez, J. Cristóbal, cit. En los delitos de acción penal pública previa instancia particular, el legislador somete el inicio del procedimiento a la voluntad de la víctima, quien debe denunciar30 el hecho o deducir una querella31.
Noche Crema 2023 Entradas Precio,
Camaro Precio Ecuador,
Colegio Médico Del Perú Apellidos Y Nombres,
Poleras Para Mujer Con Capucha En Gamarra,
Clasificación De Cardiopatías Congénitas,
últimas Resoluciones Del Minedu 2022,
Rol Del Estado En Las Políticas Públicas,
Conclusiones Sobre Los Alimentos Saludables,
Polo Alianza Lima 2022,
